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Vivienda

Autor/a: 
Carlos Macías Caparrós - Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH

Las políticas públicas de vivienda aplicadas en el Estado español desde el tardofranquismo hasta hoy han definido la estructura del parque de viviendas que tenemos en la actualidad. Dichas políticas han tenido un doble objetivo: por un lado, satisfacer la demanda social existente y, por otro, implementar un modelo de desarrollo basado en la construcción como el principal motor económico del país.

Ambos objetivos se acompañaron del fomento de la propiedad como fórmula única para el acceso a la vivienda, a través de agresivas políticas fiscales y de la precarización del alquiler con cada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Así, la concesión masiva de créditos hipotecarios supuso que el sobreendeudamiento se convirtiera en el camino a seguir para acceder a un bien de primera necesidad como la vivienda. La privatización de la banca durante los 80; la desregularización del mercado financiero, que comportó el alargamiento de la vida útil de los préstamos; y la entrada de España en la Unión Europea, con el alud de crédito que conllevó, fueron factores todos ellos que contribuyeron a inflar los precios de la vivienda.

Las políticas aplicadas nunca priorizaron el valor de uso o valor social de la vivienda, sino que la convirtieron en un objeto de inversión, especulación y acumulación. En ningún caso, los sucesivos gobiernos tuvieron la intención de crear un parque público de alquiler o promover fórmulas alternativas. La vivienda protegida se vendió y el resultado de estas políticas nefastas es que hoy en día el parque público de vivienda social del estado es inferior al 1 % frente al 18 % de media europea.

Para entender mejor cómo se ha podido llegar a esta situación, no se puede olvidar el esfuerzo que poderes públicos y económicos han dedicado a la creación de un imaginario colectivo basado en la falacia de que la cultura de la propiedad es inherente a la idiosincrasia de la población española. No se debe obviar la voluntad política de que la propiedad actúe como mecanismo de control social: quien tiene una propiedad tiene alguna cosa que perder, unos intereses concretos a defender y poco tiempo para conspirar.

A pesar de todo, desde diferentes espacios se han construido alternativas para retornar a la vivienda su valor de uso y social, como por ejemplo las cooperativas de viviendas y la aparcería urbana o rural. Asimismo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha denunciado la estafa hipotecaria perpetrada por los poderes financieros, que han contado con la complicidad y participación de los diferentes gobiernos y administraciones.

En los últimos años se ha puesto en la agenda política y mediática el derecho a la vivienda, y se ha batallado día a día para reclamar su función social. Los cambios legislativos que se proponen desde los movimientos sociales pretenden, además de proteger los derechos humanos, devolver a la vivienda ese valor de uso y su función social por encima del valor de inversión

A día de hoy, a través de las prácticas diarias de la PAH, se consigue que familias que se ven amenazadas de desahucio firmen contratos de alquiler social. Algo que debería ser normal en una España que sigue siendo el país de la UE que más viviendas vacías tiene (3,5 millones). Desde la PAH se ha propuesto reiteradas veces que se movilicen. Con la ILP catalana se ha conseguido  que se legisle la expropiación de usufructo para destinarlas a alquiler social. Igualmente se ha hecho con la SAREB, creada con dinero público(producto de la campaña del gobierno para limpiar la cara de las entidades financieras, y que se ha convertido en la mayor inmobiliaria del estado), a la que se ha exigido subsanar el déficit de las políticas públicas de vivienda creando un parque público de alquiler.

Con la Obra Social de la PAH se vuelve a la praxis, se recuperan viviendas vacías propiedad de entidades financieras o de la SAREB, para realojar a familias que han sido abandonadas por la administración. El objetivo es recuperar estas viviendas para que cumplan su función social y forzar al debate y a la toma de medidas sobre ellas. Además, es una forma de garantizar el derecho a la vivienda que ya acumula más de 2.500 personas realojadas.

En el Estado español existe una emergencia que abordar, la de los desahucios, y a la vez hay que reformular el modelo de acceso a la vivienda en sus diversas formas. Se le debe retornar a la vivienda el valor de uso y social que le arrebató el capitalismo, que le impuso el valor de inversión y acumulación.