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Principales Tratados DESC y Políticos

Autor/a: 
Irene Escorihuela Blasco - Observatorio DESC

La mayoría de los derechos se recogen en textos a escala local, nacional, regional e internacional, a partir de una idea genérica e intuitiva. En el ámbito internacional existe el llamado DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos) que vela por su garantía en los distintos estados. Así, Naciones Unidas sería el foro universal donde se positivizan e impulsan los derechos humanos. En el ámbito regional, se dispone de diferentes «sistemas de derechos humanos», como el Consejo de Europa, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el Sistema Africano de los Derechos Humanos y los Pueblos. En lo que respecta a los estados, la mayoría de constituciones también incorporan catálogos de derechos humanos más o menos extensos, y lo mismo sucede con los estatutos de autonomía en el caso de España. Asimismo, algunas ciudades cuentan con cartas locales de derechos humanos. Un buen ejemplo de ello es la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, de 2008 adoptada por cerca de 400 ciudades en Europa.

Volviendo al plano internacional, cabe destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que fue la punta de lanza de los instrumentos en materia de derechos humanos, aprobada tras la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1966 se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Si bien recogidos en dos textos distintos por motivos histórico-políticos, la división entre derechos civiles y políticos y derechos sociales no supone un obstáculo para su igual reconocimiento y exigibilidad a día de hoy. Todos los derechos humanos se fundamentan en la dignidad humana, y ello los hace indivisibles e interdependientes. Ello no obsta para que los estados tengan obligaciones distintas fruto de los dos pactos: obligaciones de resultado para el caso de los derechos recogidos en el PIDCP y obligaciones de progresividad y máximos recursos disponibles en los del PIDESC.

Además de estos dos tratados, existen también otros convenios internacionales en materia de derechos de las mujeres, de la infancia, de las personas migrantes y contra la tortura, entre otros. A escala regional contamos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), la Convención Americana  sobre Derechos Humanos (1969) y la Carta Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos (1981). Cabe también destacar la participación de la sociedad civil organizada en la redacción de documentos de derechos humanos. Es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, aprobada en 2007 y que recoge valores y principios relativos a derechos humanos de tercera generación, como la solidaridad, la democracia o la seguridad humana. Sin embargo, hay que recordar que no solamente cobran importancia aquellos derechos que se encuentran plasmados en «papel», es decir, los que se han recogido en algún texto internacional, sino que también los que se albergan en los principios generales del derecho o el derecho consuetudinario, por ejemplo.

En todos los textos mencionados aparece en mayor o menor grado una nueva concepción de la economía. Garantizar los derechos humanos por medio de tratados que asumen los estados es una forma de obligarles a cumplir con unos ideales de bienestar para la ciudadanía. Así, deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de legislar y diseñar políticas públicas. Es decir, las administraciones han de incorporar el enfoque de derechos en su quehacer diario. Además, los derechos reconocidos constitucional y estatutariamente deberán ser interpretados a la luz de los tratados internacionales y no pueden vaciarse de contenido.

Al contrario de lo que sucede con la economía social y solidaria (ESS), en la que el enfoque de derechos es prácticamente inherente a su desarrollo, la actuación de los poderes públicos desatiende constantemente las obligaciones que se acaban de mencionar. Muestras de ello son las vulneraciones en materia de derecho a la vivienda o de los derechos de las personas migrantes. Con la finalidad de salvaguardar los derechos recogidos en los tratados, se prevén mecanismos de vigilancia. Son los llamados «sistemas de garantía», esto es, tribunales y comités que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en distintos ámbitos. De este modo, prácticamente cada tratado contará con un mecanismo de seguimiento, como por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el PIDESC.

¿De qué manera afectan estos tratados y sus correspondientes garantías a la ESS? Los distintos proyectos que la vertebran en nuestro país comparten unos valores de respeto de los derechos humanos, lo cual hace que el enfoque de derechos sea transversal a su actividad. Además, las diversas iniciativas nacen de necesidades cotidianas, y en realidad dan cumplimiento a uno o varios derechos humanos. Así, los medios de comunicación crítica son un gran avance para el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información; las cooperativas de consumo avanzan en el campo del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Desde este punto de vista, la ESS no solamente trabaja con un enfoque de derechos humanos, sino que a menudo promueve su realización efectiva. Y este aspecto proactivo, que va más allá de la no vulneración de los derechos y por lo tanto los implementa y les da cumplimiento, es fundamental ante unas administraciones a menudo pasivas. La generación de discurso y concienciación de la ciudadanía es clave tanto en el desarrollo de la ESS como en la defensa de los derechos humanos.