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Energía

Autor/a: 
Sebastià Riutort Isern - Som Energia

Los seres humanos dependen de la energía para satisfacer sus necesidades y garantizar su sustento, pero también para lograr un nivel digno de bienestar. Sin embargo, el actual sistema energético español no permite su acceso equitativo y justo, y está abocado a contraer una deuda impagable con la naturaleza y las generaciones futuras.

Según los últimos datos oficiales de 2013, el sistema español de provisión energética se caracteriza por ser altamente dependiente de recursos no renovables, importados del exterior (más del 70 % de la energía primaria consumida). Se sostiene principalmente en un elevado consumo de combustibles fósil y nuclear, y las energías renovables tan sólo representan el 14 % total de la energía primaria consumida. El modelo de movilidad basado en el petróleo y sus derivados resulta insostenible.

or lo que respecta al sector eléctrico, sigue dominado por fuentes no renovables y contaminantes como el gas natural, la energía nuclear y el carbón, pese a que la contribución de las renovables a la generación eléctrica supera ya el 30 %. En su conjunto, el sistema energético español tiene un severo impacto sobre la biosfera, la calidad de vida de la ciudadanía y su economía, sin olvidar los efectos derivados de los procesos de acaparamiento energético impulsados para obtener recursos en territorios ajenos: costes económicos y ecológicos, además de la vulneración de derechos de sus comunidades.

El sistema energético español se caracteriza igualmente por tener una estructura empresarial marcadamente oligopólica. Está en manos de unas pocas, pero grandes, corporaciones energéticas, tenaces defensoras de un modelo centralizado, fósil y contaminante y con capacidad para condicionar la política energética estatal. El oligopolio energético es el reflejo de un modelo que antepone a cualquier otra cosa la acumulación de rentabilidad a corto plazo y que ha tenido históricamente en la connivencia del Estado el mayor garante de su posición de dominio. Una regulación desfavorable al desarrollo de las energías renovables y a la autoproducción, una política de puertas giratorias y la inexistencia de una auditoría que permita conocer los costes reales del sistema eléctrico son algunos elementos que impregnan el sector de opacidad.

Es innegable el impacto directo sobre la calidad democrática y el derecho a una vida digna de este modelo. El incremento continuado de los precios de la energía agrava la situación de pobreza energética. Se estima que más del 15 % de la población española la padece sin que los poderes públicos sean capaces de adoptar medidas para revertir la situación. La legislación española no reconoce de manera específica el derecho a la energía ni tampoco la calidad de servicio público de su suministro. Al contrario, la clasifica como un servicio de interés económico general.

Es precisamente el desarrollo de la tecnología renovable lo que puede poner directamente este modelo en jaque, ya que permite ampliar las posibilidades de acceso a la energía. Las renovables tienen la virtud de poder ser aplicadas según principios que favorezcan la relocalización de los procesos de generación y distribución, acercándolos a los puntos de consumo y logrando que pequeños actores, de manera individual o colectiva, se involucren en su implantación y rompan la condición oligopólica del sector. Existen en la actualidad iniciativas de la ESS que, pese a las dificultades del contexto, trabajan para avanzar en el ejercicio de una soberanía energética. Ésta tiene que ver no sólo con posibilitar el acceso a la energía en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa, sino también con el deber cívico de generarla y usarla de manera responsable. Un modelo basado en fuentes renovables y en la eficiencia, que al mismo tiempo facilite a las personas tomar sus propias decisiones respecto al modo de provisión energética que consideran conscientemente apropiado a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, sin afectar negativamente con ello ni a otras comunidades ni a las generaciones futuras.

En este sentido, las nuevas cooperativas de ciudadanos y ciudadanas que promueven el consumo y la producción de energía de origen renovable son un claro ejemplo de empoderamiento social. Los casos más consolidados son Som Energia y Goiener, que suministran electricidad certificada 100 % renovable a las personas socias. Som Energia, la más extendida, cuenta además con proyectos de producción autofinanciados. Por otro lado, encontramos experiencias como Ecooo y Viure de l’aire del cel, que fomentan la participación popular en proyectos fotovoltaicos y eólicos mediante miniparticipaciones. Existen también pequeñas cooperativas de trabajo vinculadas a los servicios energéticos como Aiguasol, Azimut 360, Girasolar y el grupo cooperativo UNI.CO, que trabajan en el desarrollo de proyectos de generación renovable y en la aplicación de soluciones integrales de eficiencia y ahorro. Éstas son algunas de las respuestas que se articulan desde la economía solidaria para avanzar hacia otro sistema energético: más sostenible económica y ecológicamente, además de más justo y democrático.