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Derecho a la Vivienda

El derecho a una vivienda digna y adecuada pertenece a los llamados “derechos sociales”. Su reconocimiento a nivel internacional se concreta en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, en relación con el nivel de vida adecuado.

Este derecho va más allá de disponer de un techo y se concreta en poder disponer de un hogar, un lugar donde proyectar la vida en común. Por ello, la Observación General (OG) nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) describe las características que definen una vivienda “adecuada”: asequibilidad, seguridad en la tenencia, ubicación cercana a escuelas, centros de salud y trabajo, con acceso a servicios básicos e infraestructuras, y que sea accesible y adecuada culturalmente. La OG nº 7 de dicho Comité aborda la problemática de los desalojos forzosos.

A nivel regional, la Carta Social Europea revisada de 1996 establece en su artículo 31 el derecho a la vivienda, sin embargo el gobierno español todavía no la ha ratificado a día de hoy. Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2009 establece en su artículo 34.3 el derecho a recibir ayudas para garantizar una existencia digna a las personas con menos recursos.

Derecho al Trabajo

El derecho al trabajo se concreta en la posibilidad de realizar actividades productivas y de servicios, de forma libremente elegida. Sin embargo, la concepción del trabajo como un elemento exclusivamente del mercado relega otros ámbitos como el trabajo de cuidados o reproductivo. El derecho al trabajo incluye también el derecho a disfrutar de la contraprestación recibida, que debe permitir alcanzar un nivel de vida adecuado. 

Asimismo, hay que tener en cuenta los derechos de las personas en el desarrollo de su trabajo, esto es, los derechos laborales que aseguren unas condiciones dignas y seguras -jornada, salario, higiene-, sin discriminación y con posibilidad de asociación sindical. En algunos instrumentos de derechos humanos se prohíbe también el trabajo forzado y el trabajo infantil.

Los artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconocen el derecho al trabajo (artículo 23) y al descanso del mismo (artículo 24). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 le dedican los artículos 6 y 7, donde se hace mención a las condiciones de trabajo y las medidas a adoptar por los Estados. Además, la Observación General nº 18 del Comité DESC profundiza en dicho derecho. Finalmente, en el seno de Naciones Unidas, es la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la que trata esta temática. 

En el ámbito regional, la Carta Social Europea consagra sus diez primeros artículos al derecho al trabajo. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también trata este derecho en sus artículos 27 a 32.

Derechos de las Mujeres

Los derechos de las mujeres y las niñas son en realidad los derechos de la mitad de la población mundial. Sin embargo, como consecuencia del sistema patriarcal es necesario reivindicarlos a día de hoy. Ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se hacía hincapié en la necesaria igualdad de derechos entre sexos en su artículo 1 y 16.1. También en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 se recoge en su artículo 3 y 24.1, así como en los artículos 3 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de 1966. Además, encontramos la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” de 1979, ratificada prácticamente por todos los países. A nivel internacional también han tenido lugar conferencias mundiales de los derechos de la mujer.

Más allá del derecho a la no-discriminación y a la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito legal, de sufragio, laboral o social, es imprescindible también erradicar la violencia contra la mujer y defender el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. En este contexto cobran especial importancia los derechos sexuales y reproductivos.

Derecho a la Libre Asociación

El derecho a la libertad de asociación es una faceta más del derecho a la participación, de la libertad de expresión y del derecho de reunión. Consiste en la libre creación y participación en asociaciones, sindicatos, partidos políticos, organizaciones profesionales, por ejemplo.

El dinamismo de la sociedad civil y la fortaleza de sus organizaciones y asociaciones tiene un fuerte impacto en la calidad democrática de los Estados. Es por ello que en diversos ordenamientos se explicita el carácter “pacífico” que deben tener las asociaciones, calificándose de “ilícitas” aquellas con fines delictivos o violentos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 recoge tanto el derecho positivo a pertenecer a una asociación (artículo 20.1) como el derecho a no pertenecer, es decir, que no puedas ser obligado a formar parte (20.2). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 reconoce en el artículo 22 este derecho, haciendo especial mención del derecho de sindicación. Hay un relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de reunión y de asociación pacíficas. A nivel regional, la Convención Europea de Derechos Humanos establece el derecho a la asociación y reunión en el artículo 11.

Derecho a la Energía

La concepción de la energía como derecho es un debate relativamente reciente. El acceso a la energía es un complemento imprescindible del derecho a la vivienda, ya que sin servicios difícilmente se puede cocinar, tener luz, agua caliente o calefacción. Sin ella resulta imposible alcanzar el nivel de vida y bienestar adecuados que recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Así, a pesar de que los instrumentos internacionales no reconocen el derecho a la energía de forma explícita, sí lo hacen de forma indirecta. Por ejemplo, la Observación General nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) considera el “derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la calefacción”.

En el ámbito europeo, el Consejo de Europa no menciona el derecho a la energía. No obstante, las directivas comunitarias sí han tratado de proteger al consumidor en esta materia, si bien no lo recoge en su Carta de Derechos Fundamentales. De la privación de este derecho se ha acuñado el término de “pobreza energética”, que consiste en la imposibilidad de pagar los suministros y su consecuente corte por parte de las compañías de servicios. Al respecto, la Observación nº4 del Comité DESC defiende que “los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas”. 

Derecho a la Cultura, al Ocio y a la Educación

Los derechos culturales también forman parte de los llamados DESC. En primer lugar, los instrumentos internacionales reconocen el derecho a participar en la vida cultural, es decir, a formar parte libremente de la creación cultural. En segundo lugar, el derecho a la cultura incorpora también el derecho a tener acceso a ella, esto es, a poder disfrutar y conocer la cultura, el arte o las humanidades. En cierta manera, se reconoce al mismo tiempo el derecho al ocio, a disfrutar del tiempo libre.
Este derecho aparece también muy ligado a la investigación científica y su desarrollo, y de nuevo al acceso a dichos conocimientos. En ocasiones pueden aparecer conflictos en materia de derechos de autor o propiedad intelectual. 
Finalmente, el derecho a la cultura engloba también una acepción relacionada con la diversidad cultural, con el respeto y reconocimiento de las distintas demostraciones culturales, étnicas y religiosas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho a la cultura en su artículo 27. También lo hace el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Además, en el seno de Naciones Unidas, la UNESCO es el organismo que vela por la ciencia, la cultura y la educación. También existe una Relatoría Especial en el ámbito de los derechos culturales. Por su parte, el artículo 13 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece la libertad de las artes y la investigación científica. 

El derecho a la educación es otro de los derechos sociales imprescindibles para el desarrollo de la personalidad y social, y cuyo alcance se ha expandido en las últimas décadas a nivel mundial. Se trata del acceso a la educación primaria obligatoria y secundaria en igualdad de condiciones, de forma gratuita y sin discriminación, que sea adecuada culturalmente y de calidad. Además, el derecho a la educación también hace referencia a la educación profesional y a la terciaria. El derecho a  la educación debe promover el desarrollo del espíritu crítico, favoreciendo una ciudadanía activa e informada. La educación en derechos humanos es una de las tareas pendientes del sistema educativo español.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 recoge en su artículo 26 el derecho a la educación, también el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros convenios internacionales también hacen especial referencia al derecho a la educación, como la Convención para la Eliminación de toda Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención por los Derechos del Niño y la Convención contra la Discriminación en Educación.

Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria

El derecho a la alimentación no está recogido como tal en las convenciones internacionales, sino que generalmente se engloba dentro del derecho a un nivel de vida adecuado. La alimentación forma parte de una de las necesidades más básicas, junto con el vestido, la vivienda o la asistencia médica. Así lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. La Observación General número 12 del Comité DESC desarrolló el contenido del derecho a una alimentación adecuada, en relación a la cantidad y calidad necesarias, la accesibilidad física y económica, la adecuación y la sostenibilidad.

El derecho a la alimentación está también estrechamente vinculado al derecho a la tierra y a la soberanía y la seguridad alimentaria (disponibilidad de alimentos). Se trata de que los países, pueblos y comunidades puedan decidir sobre su forma de producción y su política agraria y alimentaria en base a sus necesidades y sus proyectos de desarrollo. Tampoco reconocido como un derecho autónomo, el derecho a la soberanía alimentaria está impulsado por la Vía Campesina y asumido por múltiples organizaciones y foros internacionales.  

Derecho a disponer libremente de nuestros recursos. Democracia Económica

La nueva oleada de derechos, los llamados “derechos emergentes”, incorporan derechos económicos que faciliten el desarrollo de actividades, como es el derecho a percibir una renta básica o el derecho al crédito. Introducen la democratización de la economía, que en cierto modo también engloba el comercio justo y las iniciativas solidarias. Enmarcadas dentro de proyectos sociales, las finanzas éticas son una gran oportunidad para dinamizar la economía social y solidaria. De este modo, en algunos foros se plantea que más que una oportunidad, debería ser un derecho. 

La Carta de Universal de Derechos Humanos Emergentes de 2007 destaca algunos nuevos ámbitos donde resulta necesaria la incorporación de nuevos derechos y se mencionan derechos económicos no reconocidos hasta el momento. 

En unas sociedades donde el poder económico a menudo diezma las decisiones políticas, los sistemas democráticos y los proyectos populares, poder disponer de comercio justo, banca y finanzas éticas es una alternativa cada vez más necesaria.

Derecho a la Igualdad

El derecho a la igualdad suele esgrimirse ante situaciones de injusticia de índole diversa. A menudo se recoge la “igualdad ante la ley”, es decir, la igualdad formal. No obstante, también se reivindica el derecho a la igualdad cuando hay problemáticas relacionadas con el género, la etnia, la edad, las diferentes condiciones y capacidades, el nivel económico, la orientación sexual, la ideología, etc. El principio de no-discriminación rige las políticas públicas de la gran mayoría de países. Sin embargo, este derecho a la igualdad se materializa en distintos programas en función del origen de la desigualdad. 

En concreto, en relación con los casos de esta publicación, la inserción social y laboral se enmarcaría dentro del derecho a la igualdad en relación con el derecho al trabajo. Al mismo tiempo, la inclusión social de las personas con diversidad funcional está estrechamente vinculada al derecho a alcanzar un nivel de vida adecuado. A menudo los gobiernos tienen una obligación especial de proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad, destinando mayores recursos a realizar sus derechos.

El derecho “genérico” a la igualdad se establece en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

La Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Diversidad Funcional y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006. En él se desarrolla la aplicación de los derechos humanos a las personas con diversidad funcional y las adaptaciones necesarias para gozar de un ejercicio pleno de los derechos. 

Derecho a la Información

El derecho a la información se configura en dos vertientes. Por un lado, como un derecho “de acceso” a la información, es decir, de tener disponibilidad para consultar fuentes de información y de recibirla. Por otro, también se puede considerar el derecho a “difundir” información, muy relacionado con el derecho a la libertad de expresión. Se trata por lo tanto de distintas situaciones según sean personas individuales o periodistas y profesionales. El derecho a la información se regula en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En el Consejo de Europa, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, y en la Unión Europea el artículo 11 del Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Este derecho cobra especial protagonismo en la sociedad de la información actual, y en algunos foros se ha relacionado también con el software libre.

El derecho a internet es un derecho digital que permite a su vez que se cumplan otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión y de opinión. La Asamblea General de Naciones Unidas lo incluyó como derecho humano en 2011. En concreto, los gobiernos deben facilitar a la ciudadanía el acceso a Internet y no limitar su uso. Frank de Rue, el Relator Especial sobre promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, realizó un informe al respecto evaluando las situaciones de desconexión y censura en algunos países.

El derecho a la libertad de expresión es el derecho a expresarse libremente y difundir opiniones e ideas, sin ser sujeto de censura previa. Muy relacionado con la libertad de información, en este caso se protege la expresión del pensamiento e ideas, tanto en medios de comunicación o redes sociales como en otros espacios. A menudo el derecho a la libertad de expresión se encuentra con límites, como la incitación al odio o el enaltecimiento del terrorismo. En ocasiones existen conflictos políticos como consecuencia de la expresión de oposición al gobierno u otras instituciones. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos recoge este derecho en el mismo artículo referido a la libertad de expresión, tanto a nivel universal (19 DUDH y 19 PIDCP) como regional (10 CEDH). A nivel internacional también existe un Relator Especial en materia de libertad de opinión y de expresión. El Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales lo recoge en su artículo 11.

Derecho a la Participación

El derecho de participación política de forma amplia es un derecho de difícil configuración. En los casos que se recogen en esta publicación, se enfoca el derecho desde la óptica de la organización para el cambio social. De alguna forma, este derecho contiene elementos de distintos derechos pero no se regula de forma autónoma en las normas de derecho internacional de derechos humanos. 

De este modo, encontramos el derecho de opinión -reconocido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966-, el derecho de participación en la vida política -artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y 25 PIDCP- y el derecho de asociación (artículo 22 PIDCP), entre otros. 

Sin embargo, el derecho de opinión hace referencia al derecho a expresar libremente los pensamientos y la ideología, pero no aborda la posibilidad de organización e interacción con otras personas y colectivos para el cambio. Por su parte, el derecho de participación política por un lado se ciñe exclusivamente a la participación electoral, es decir, al derecho a voto, y por otro lado a la posibilidad de trabajar en la función pública. Finalmente, el derecho a asociación hace referencia a la libre pertenencia a grupos y a participar en sindicatos, pero sin explicitar la voluntad de incidencia política.

Derecho a la Justicia

El derecho a la justicia tiene diferentes aspectos: el acceso a ella en condiciones de igualdad, la garantía de un juez independiente e imparcial, el derecho a la igualdad de armas entre las partes, a ser juzgado/a en un tiempo razonable y disponer de recursos efectivos… En términos generales, se habla del derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos de defensa. Por otro lado, encontramos los derechos de las personas implicadas en procesos penales.
De este modo, son muchas las disposiciones que salvaguardan los derechos en relación con la administración de justicia Se trata, en definitiva, de garantizar el buen funcionamiento de uno de los poderes del Estado. 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los preceptos que regulan las cuestiones generales van del 8 al 11. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 es el artículo 14. En el ámbito europeo, son el artículo 6 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y el artículo 47 a 50 (Título VI) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2007.

Derecho a la Ciudad

El derecho a la ciudad está muy relacionado con el derecho a la vivienda, enmarcado en el entorno de vida de los y las habitantes, la sostenibilidad y la justicia social. De este modo, el derecho a la ciudad tiene en cuenta aspectos como la vida en comunidad y la socialización de los habitantes, la relación con el medio ambiente o las estructuras urbanas. Se configura la ciudad como espacio de respeto y realización de los derechos humanos. 

A nivel internacional, el artículo 7.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes de 2007 expone así el derecho a la ciudad “[este derecho] asegura que todo ser humano y toda comunidad encuentren en la ciudad las condiciones para su plena realización política, económica, social, cultural y ecológica”. Fruto de diversos encuentros internacionales, en 2004 se adoptó la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Este documento pone sobre la mesa tres temas clave: el ejercicio pleno de la ciudadanía, gestión democrática de la ciudad y la función social de la propiedad